Una estafa anunciada

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

En anteriores artículos del Centro de Estudios Jurídicos se ha referido al tema de la legalización o regularización de tierras, también sobre el mismo existen proyectos y estudios elaborados por expertos en la materia y por instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Desde 1992, se hablaba que había más de 500,000 familias asentadas en lotificaciones sin autorización llamadas “piratas”. Tal proliferación entre otras causas más estructurales se debe: 1) los compradores de parcelas lotificadas son generalmente del sector informal, quienes no tienen acceso a crédito bancario y no son cotizantes del Fondo Social para la Vivienda, ni el Fondo Nacional de Vivienda Popular, ni siquiera otros programas gubernamentales, 2) a la agresiva publicidad que tienen las lotificadoras, dueños o intermediarias ofertando a bajo costo y con facilidades de pago, 3) al grado bajo de institucionalidad que permite que se vendan lotes o parcelas que a todas luces no cumplen con los requisitos legales de aprobación, bajo contratos de arrendamiento con promesa de venta, letras de cambio y hasta recibos en papel simple; 4) falta un mecanismo de información que publicite que lotificaciones cumplen con la ley. Consecuencia de lo anterior los usuarios se encuentran en tierras hipotecadas, embargadas o con derechos hereditarios no resueltos u otras causas legales que impiden escriturar e inscribir sus parcelas. A las lotificadoras no les importa la incertidumbre legal, mientras menos costo mayor ganancia; aducen que la regularización legal es cara y los procesos de aprobación del Viceministerio de Desarrollo Urbano, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), alcaldías municipales, Medio Ambiente y otras, son caros, engorrosos y tardados. Esto es cierto en la mayor parte de los casos y por ello los irresponsables se inclinan al camino fácil, no es justificable bajo ningún punto de vista que este sea motivo para estafar, y es que creemos que en el caso de Jumbo hay más tela que cortar.

Es tiempo que el gobierno dé muestras de modernizar el área de tramitación y legalización por medio de un ordenamiento territorial que tome en cuenta la realidad existente; asimismo las oficinas deben contar con personal capacitado y honesto, pues no es desconocido que algunos obtienen las aprobaciones de proyectos por medio de la consabida “mordida”.

La regularización culmina con la inscripción registral, basada en varias leyes registrales contradictorias entre sí, procesos que juntos se vuelven largos y costosos aunque necesarios para la seguridad jurídica, por lo que sugerimos también la revisión de la legislación que rige el Centro Nacional de Registros (CNR). Con el lanzamiento del plan anticrisis Casa para Todos, el gobierno tiene la oportunidad de comenzar por donde se debe y se interese por los pasos previos a la construcción, pues si se habla de la construcción de 100,000 viviendas se debe estar preparado para la tramitación ordenada y moderna de los permisos, y el Registro debe estar preparado para recibirlos. No quisiéramos ser pesimistas, pero en buena parte de las tierras en que se pretende construir, aún las del Estado necesitan alguna diligencia jurídica que a veces atrasa un proceso bien intencionado. Por ello recomendamos que se atienda esta situación antes o paralelamente a la construcción.

Insistimos nuevamente en resolver los conflictos heredados en el ISTA, los asentamientos en líneas férreas y calles en desuso, los derechos adquiridos por los salvadoreños en los ex bolsones y la propiedad de la tierra en el proyecto de la carretera Longitudinal del Norte que nos referimos en artículos anteriores.

Por último llamamos a la Dirección de Protección al Consumidor y Fiscalía que no esperen denuncias, que se persiga de oficio, se investigue, que se encarcele a los responsables de la causa de sufrimiento a todos los que ingenuamente pagaron por un lote, porque lotificadoras como Jumbo solo es la punta del iceberg.

Una nueva era para la justicia

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Para muchos, el acontecimiento más importante del año ha sido la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que anticipa cambios para el país más importantes aún que los que ha significado el cambio en la cúpula del Órgano Ejecutivo. Ninguna otra institución estatal necesita un cambio tan radical como el Órgano Judicial.

La elección se vio precedida de todo tipo de maniobras, intrigas y componendas políticas, y de argucias jurídicas que no redundan en beneficio del estado de derecho, pero este es un tema que dejamos para después. En estos momentos solo queremos expresar nuestra satisfacción por la selección de los nuevos magistrados de la Corte, especialmente los doctores José Belarmino Jaime y Florentín Meléndez, y los licenciados Rodolfo González Bonilla y Edward Sidney Blanco Reyes. Tres de ellos fueron candidatos del Centro de Estudios Jurídicos en las elecciones gremiales y el cuarto ha sido miembro de nuestra asociación durante décadas. Vayan a ellos nuestras felicitaciones y nos congratulamos de tenerlos como integrantes del tribunal supremo.

La negociación partidaria que condujo a su elección puede ser vista con gran disgusto, pero el resultado de la misma nos produce un gran alivio. Es la primera vez que vemos un cambio real de los políticos con respecto a la integración de la Corte. Ninguno de ellos tiene una vinculación política partidaria evidente. Todos se distinguen por sus amplios conocimientos del Derecho y en especial sobre la materia que juzgarán (nuestros políticos nunca se pondrían en manos de un ortopeda si van a examinarse la vista, pero al tratarse del juzgamiento de sus derechos, especialmente constitucionales, parece que no siguen la misma lógica y eligen para integrar las distintas Salas de la Corte a personas que no son especialistas en la rama que van a juzgar); son notoriamente activos y comprometidos con el cambio en el Órgano Judicial y, sobre todo, son de rectitud y probidad comprobada en décadas de ejercicio profesional. Tenemos excelentes razones para esperar notables cambios en el sector judicial; son tantas las tareas que les esperan que no les pedimos milagros, pero podemos creer que está por terminar la época en la que los salvadoreños tienen que acudir al Órgano Judicial mendigando justicia.

La nefasta presidencia de la Corte del período 2000-2009 ya es cosa del pasado, pero ha dejado un legado que tardará años en superarse. Bajo la dirección de un oportunista, impreparado para desempeñar el cargo, pero ambicioso y un maestro de la intriga, la Corte retrocedió al período anterior a los Acuerdos de Paz, la época en que la Comisión de la Verdad recomendó la destitución de los miembros del tribunal por su falta de profesionalismo. El Órgano Judicial bajó, en las encuestas de opinión, a ser la institución salvadoreña en la que el público tenía menos confianza: el retraso en la administración de justicia, el incumplimiento de la ley, el despilfarro de recursos, los señalamientos de corrupción y tráfico de influencias, la falta de transparencia en el manejo de los asuntos financieros y de todo tipo, los alegados actos de nepotismo y compadrazgo en los nombramientos administrativos, la politización partidaria de las resoluciones en los casos importantes, etc., han sido lo que lo ha caracterizado.

Los textos de historia ya contienen un juicio sobre este período, pero vemos la voluntad de algunos políticos de que se repita en otros sectores, como la Fiscalía General de la República. ¿Será que los culpables de nuestro desastre judicial buscan ocupar otros cargos en la administración pública porque necesitan algún fuero? Las intenciones de sus promotores también son obvias: necesitan alguien que garantice que no cumplirá la función para la cual sea electo. ¿Qué espera a nuestro país con tales maniobras?

Elección de funcionarios: debilidad de políticos

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Independientemente que al momento de aparecer esta publicación se haya elegido o no a los magistrados para la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República y procurador general de la República, todos habrían sido nombrados extemporáneamente, la Asamblea Legislativa ha exhibido hasta la desesperación su pobre rol, tanto respecto a los plazos constitucionales como en el procedimiento de selección de dichos funcionarios. Estas líneas también resultarán válidas aunque se hayan escogido los mejores candidatos, pues nada justifica mantener ni un día acéfala dichas instituciones.

Es lamentable que los señores diputados vean con tanta desidia el funcionamiento ordenado de las principales instituciones del Estado y con tranquilidad declaren semanalmente en los medios de comunicación que “el único acuerdo al que hemos llegado es en reunirnos la próxima semana”. Cuando lo que deberían anunciar es que se dedicarán a trabajar ininterrumpidamente hasta elegir los funcionarios. Algo grave está pasando en El Salvador y los diputados parecen no percibir la mirada atónita del pueblo.

Esta experiencia obliga a proponer que se regulen, ya sea en la ley o en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, procedimientos transparentes y participativos de elección de los mencionados funcionarios y del resto que requieren nombramiento por ese órgano de gobierno.

Es cierto que el Reglamento Interior de la Asamblea desarrolla un procedimiento para la elección de funcionarios, pero a la vista de lo que ocurre en la realidad, es totalmente inoperante o los diputados han dado la peor de las interpretaciones a sus propias normas. Allí se contempla que la Comisión Política determinará si los candidatos reúnen los requisitos para el cargo, podrá solicitar los informes que estime convenientes, analizará las hojas de vida y todos sus atestados y si lo considera procedente entrevistará a los candidatos. Luego dicho Reglamento establece que este proceso será público.

Los aspirantes a magistrados ni siquiera fueron llamados por la Asamblea para escuchar sus planteamientos sobre la administración de justicia, independencia judicial, imparcialidad, política criminal o formas para disminuir la delincuencia en el país. ¿Acaso a los diputados no les interesa conocer la visión técnica jurídica de los aspirantes? Tampoco han abierto espacios para que la sociedad civil organizada pueda canalizar opiniones favorables o desfavorables sobre los candidatos. Un procedimiento transparente, participativo y vigilante de la sociedad, entiéndase, es garantía en la búsqueda de los mejores hombres y mujeres para el cargo. Por otro lado, las reuniones, discusiones y sus resultados han transcurrido en absoluto misterio: ¡vaya negación de la información al pueblo por parte de sus representantes!

Tal como están redactadas las disposiciones reglamentarias, unida a la conducta poco responsable de los diputados en materia de elecciones de segundo grado, tenemos el riesgo que los caprichos de los “negociadores” sean capaces de bloquear candidaturas serias, responsables y valiosas; o en su lugar, nombrar funcionarios sumisos al poder político, incapaces, deshonestos y otras cartas de presentación evidenciadas por muchos que ya hemos visto desfilar en cargos importantes. Con esos criterios, nuestro querido país continuará exhibiendo con orgullo el peyorativo calificativo de “tercermundista”.

Las grandes naciones no se caracterizan solo por sus calles limpias y ordenadas, sus parques seguros y los transportistas respetuosos de los pasajeros, ni por el respeto de los derechos de sus ciudadanos, sino también por la prudencia para preservar el orden de las instituciones como la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría General para garantizar que al frente de ellas estén los mejores profesionales.

Así como a los médicos les corresponde vigilar por la salud de los habitantes, los abogados estamos obligados a contribuir dando las mejores interpretaciones a las normas jurídicas y sobre todo, a buscar el fortalecimiento de las instituciones y proponer para cargos relevantes a los profesionales más destacados.

Cómo se llega a la anarquía institucional

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Esta semana hemos estado atentos a dos hechos políticos que acaparan la atención nacional e internacional, 1) la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Asamblea Legislativa, 2) el golpe de Estado en Honduras, situaciones que aparentemente no tienen que ver una con la otra: es indudable que hay un cuestionamiento en la actuación del presidente hondureño al desobedecer resoluciones del Poder Judicial que podrían llevar a su juzgamiento, no hay duda de que en vez de aplicar la ley la Asamblea y el ejército de ese país dieron un golpe de Estado que es un crimen de repercusiones internacionales en el sistema interamericano. La acción es condenable, las sanciones que se le ha impuesto son legítimas y el restablecimiento del orden jurídico violado debe lograrse mediante la vía legal y la intervención de la comunidad internacional.

Mas allá de lo dicho no podemos en este artículo pronunciarnos sobre la realidad de ese país, pues los acontecimientos previos y los futuros son tan complejos y ambivalentes que pueden variar en pocos días, pero podemos comparar actuaciones de nuestras instituciones como la de la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa. Que parece que confabulan contra la Constitución, usamos esta palabra pues implica manipulación para lograr un fin, que en este caso impide la elección de magistrados.

La Corte Suprema ata a la Asamblea Legislativa al admitir un recurso cuestionable y ordenar la suspensión de la elección; por otro lado la incapacidad de las principales fuerzas políticas de poder concertar con anterioridad la elección de los magistrados, del fiscal general y ahora el procurador general, pues su periodo venció el día 2 de los corrientes; todo lo anterior nos parece que no es obra de la casualidad sino que obedece a oscuros intereses de los que no sabemos a qué tendencia política favorecen, y han logrado su propósito, creando una anarquía legal que impide la elección de los citados funcionarios, y para resolverlo tanto la Corte como la Asamblea están inventando procesos e interpretando a su manera la Constitución de una forma inaudita fuera del marco legal, esto es lo comparable con Honduras, tanto el presidente depuesto como los que detentan el poder han inventado e interpretado sus propios procesos nada claros.

Dicen que en nuestro país algo se está fraguando para servir a quien o quienes eso no lo sabemos, lo que sí creemos es que aunque la responsabilidad recae sobre los funcionarios, ni los magistrados ni los diputados tienen las mentes tan brillantes para que la pensada les haya salido tan bien (salvo excepciones), al punto de crear anarquía legal.

Se necesita recordarles el artículo 218 de la Constitución, que dice: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada...”; aclarada su responsabilidad esperemos que piensen en las consecuencias que la misma Constitución les establece, pues más les valdría ser inteligentes y responsables y no solo obedientes a quienes les ordenan o manipulan. Se nos hace necesario además de gran importancia traerles a cuenta el artículo 87 de la Constitución el cual establece: “Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándoles de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución...”. Por favor, señores magistrados y diputados, piensen un poco más de lo que hasta ahora hemos apreciado en sus actuaciones.