lunes, 29 de mayo de 2006

Las nuevas leyes deben ser discutidas

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


La última semana de la anterior legislatura fue agitada. La Asamblea Legislativa eligió cinco nuevos excelentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también aprobó con precipitación y a espaldas del pueblo nueve importantes cuerpos legales, que debieron haber sido dados a conocer previamente y objeto de profundo estudio y discusión. Este tipo de maratones legislativas de última hora se ha hecho ordinario a la conclusión de cada período parlamentario, con malas consecuencias para el país.


Cuatro nuevas leyes fueron aprobadas. La más importante, consideramos, es la “Ley de protección de testigos”, que llena un vacío por el que se ha clamado mucho tiempo, pero ameritaba que se dieran explicaciones sobre algunos de sus puntos, como el confiar su aplicación a la UTE, una institución que debería ser de gran utilidad, pero que no ha cumplido su papel por falta de interés gubernamental, y los fondos indispensables para su puesta en práctica. Las bondades de las demás leyes son menos evidentes.


La “Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República” tiene muy poco novedoso; más pareciera que su principal finalidad es dar un cubrimiento legal a las irregularidades habidas en el pasado a la elección tardía del fiscal general, lo que no resuelve el problema de la inconstitucionalidad que esto crea. La “Ley de Ética Gubernamental”, pésimamente redactada, no aporta nada nuevo más que la creación de más burocracia y confusión en el sistema jurídico; no pueden extrañarnos las sospechas que se han levantado contra la misma. La “Ley de la Administración Pública Municipal”, a pesar de su buena intención, es otra fuente más de desorden en el régimen de los servidores públicos que ya se ha dispersado en tantas leyes que es casi imposible conocer los derechos y obligaciones de un empleado del Estado; en vez de ordenar la materia, se la sigue confundiendo más. Debieron haber sido vetadas y dejadas para mayor discusión.


Las reformas a la “Ley de Consejo Nacional de la Judicatura”, prorrogando con efecto retroactivo el período de los miembros de la institución que representan al gremio de abogados, pero no a los demás, son tachadas de inconstitucionales por algunos; además, es evidente la nada ética intención de prolongar las funciones de los representantes de una asociación con vinculaciones con el gobierno. ¿Cómo votaron por ellas los diputados de oposición?


Lo que es verdaderamente grave es la aprobación sin discusión de cinco reformas a la Constitución que deben ser ratificadas por la presente legislatura. Una de ellas prorroga los períodos de los diputados y de los concejos municipales, medida deseable según algunos, pero que según otros es dañina e ignora las ventajas de la regulación actual. Otra se refiere a la intercepción de comunicaciones sin autorización judicial, para lo cual no es necesaria la reforma; la tozudez de unos jueces a no admitirlo debía ser resuelta por otros medios. Otra reforma, privando a la Corte Suprema de Justicia de la facultad de nombrar médicos forenses se hace necesaria porque no se hizo en una reforma anterior mal hecha, que transfirió las facultades de investigación del delito a la Fiscalía, pero crea una nueva institución para tal fin, lo que no es materia constitucional. Otra peligrosa reforma altera las reglas de aprobación del presupuesto y de endeudamiento público, que crearía un gran riesgo para el país. Finalmente, se aprobó una reforma con intención de prohibir el matrimonio homosexual, asunto de tan poca trascendencia para la realidad nacional y tan fuera de materia constitucional que solo puede tener fines propagandísticos.


La precipitación al legislar es imperdonable. Es jugar con la vida y el destino de innumerables personas. Exhortamos a la comunidad jurídica a iniciar un debate serio sobre estas inoportunas leyes y a exigir la corrección del daño que hacen. Es un deber patriótico de los abogados.

lunes, 22 de mayo de 2006

Otra ley de ética gubernamental

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


Uno de los últimos actos de la pasada Asamblea Legislativa fue la aprobación del Decreto n.º 1038, que contiene un cuerpo legal denominado “Ley de ética gubernamental”. Como tantas otras veces, voceros gubernamentales han anunciado que la nueva ley constituye un gran avance en la lucha contra la corrupción y que es enormemente beneficiosa para el país. No hay nada de eso.


La nueva ley establece supuestas normas de conducta para los funcionarios públicos de una manera que parece estar convirtiendo en jurídicas las reglas de los buenos modales; habla de principios de decoro, de lealtad, de responsabilidad, deber de veracidad, de eficiencia, etc. Principios que deben regir la conducta de los destinatarios de la ley, como el principio de transparencia, lo sabemos, son letra muerta si no tienen mayor desarrollo en la ley.


La ley establece once prohibiciones concretas a los funcionarios y empleados públicos, acciones por las que pueden ser sancionados, pero encontramos que todas ellas, menos una, la prohibición de discriminar a la persona en la prestación de un servicio por su condición social, racial, política o religiosa, estaban ya contempladas en la ley salvadoreña, sea en el Código Penal o en la Ley del Servicio Civil, como delitos o faltas administrativas. ¿Qué se gana entonces con la nueva ley?


Se crea una nueva oficina pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, para la aplicación de la ley. Esto no es más que un aumento de burocracia. Cinco funcionarios que devengarán altos sueldos y la burocracia que los acompañará. Ya existen numerosas instituciones destinadas a vigilar el comportamiento ético y la probidad de los funcionarios públicos; aparte de que esta es una obligación de todos los titulares de cargos públicos, que tienen deberes específicos al respecto, existe la Corte de Cuentas de la República, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Tribunal del Servicio Civil y todos los demás tribunales con competencia sobre la materia. ¿Para qué sirve esta nueva oficina?


Es duro decirlo, pero tienen mucho fundamento los que señalan que la nueva ley no es más que un engaño, un acto de propaganda gubernamental, que pretende hacer creer que el Estado se está preocupando por combatir la corrupción. ¿Por qué vamos a creer que esta ley y las oficinas que crea funcionarán si las restantes no han funcionado durante décadas? ¿Por qué no se aplican las leyes existentes en vez de crear nuevas?


Lo peor de todo es que los hechos demuestran que en el país no hay intención de combatir la corrupción. La semana pasada nos enteramos cómo la petición hecha por el Dr. René Fortín Magaña a la Fiscalía General de la República para que solicitara la nulidad de la increíble resolución de la Corte Suprema de Justicia que nulificó las funciones de la Sección de Probidad de la misma fue declarada sin lugar por el nuevo fiscal general en uno de sus primeros actos, después de que el anterior la mantuvo sin resolver durante meses. Las razones que se alegaron para tal negativa, según lo manifestado en las noticias de prensa, son totalmente antijurídicas. ¿Cómo podemos creer en la voluntad del Gobierno si vemos que la corrupción realmente no se persigue?


Aún hay signos de esperanza en este país. La semana pasada también vimos un dignísimo acto protagonizado por un funcionario público de este país, con la pública renuncia del Dr. José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad, ante la resolución del fiscal que, con la resolución de la Corte, destruye toda posibilidad de combatir la corrupción a través de la oficina que presidía. Nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento a un funcionario salvadoreño bueno y patriota. ¡Pino Cáceres ha hecho patria!

lunes, 8 de mayo de 2006

Un triunfo del decoro y la decencia

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


Uno de los últimos actos de la Asamblea Legislativa saliente fue la elección de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que sustituirán a los cinco que concluyen su período. Contra todo lo que esperábamos, la elección ha sido un triunfo de la decencia y de la racionalidad. La anterior Asamblea se despidió rindiendo al menos en ese importante aspecto culto a la institucionalidad.


Motivos de preocupación había de sobra. Los últimos años, las elecciones de magistrados hechas por la Asamblea han estado determinadas por la lealtad de los nombrados a determinados partidos políticos, no por su capacidad para desempeñar el cargo. El resultado ha sido la politización total del organismo que debería ser la máxima autoridad imparcial e independiente del estado salvadoreño y la pérdida de calidad intelectual de su composición y de sus actuaciones. Como ya se ha dicho, la Corte no está integrada, como debe estarlo en todo país, por los más eminentes y capaces talentos jurídicos, sino que la Asamblea ha demostrado que cualquiera, no importa sus deficiencias intelectuales o éticas, puede llegar al máximo tribunal.


La lista de candidatos que competía por el cargo hacía temer la destrucción completa de los últimos restos de institucionalidad que quedan en el Órgano Judicial. A pesar de la excelente calidad de algunos de los electos, especialmente por el gremio de abogados, los que “destacaban” eran los no calificados. Especialmente entre los electos por el Consejo Nacional de la Judicatura, que debía balancear ponderadamente la selección hecha por el gremio, el pleno de dicha institución hizo lo contrario, puso de manifiesto la intención del grupo en el poder enquistado en ese organismo, de consolidar la politización judicial, arriesgando el aumento de la corrupción en altas esferas. Algunos de los nombrados por el CNJ, que parecían tener las mejores oportunidades de ser magistrados, son cuestionados abiertamente en el gremio y por la voz popular, por conductas distantes de la moralidad o por falta de competencia notoria.


Para nuestro alivio la elección recayó sobre Rosa María Fortín Huezo, Evelyn Roxana Núñez Franco, Lolly Claros de Ayala, Miguel Alberto Trejo Escobar, Mario Francisco Valdivieso. Todas son personas decentes, honradas, competentes y sin una militancia evidente en partidos políticos. Tres de ellos tienen tras sí distinguidísimas carreras judiciales. Algunos son intelectuales de superior estatura. Su elección ha sido una reversión total de la tendencia que se había hecho cada vez más evidente.

Para el Centro de Estudios Jurídicos es de especial satisfacción que nuestros propuestos han sido electos como propietaria, la Lic. Núñez Franco, y como suplentes, el Lic. Óscar Humberto Luna y el Dr. Francisco José Guerrero, a quienes también distinguen las cualidades antes expresadas. Son garantía de una excelente labor en la Corte Suprema de Justicia. Su compromiso es serio e indeclinable, con la separación de poderes y sobre todo con evitar que los intereses partidarios empañen la honrosa misión que el pueblo, a través de la representación legislativa, les ha confiado.


Es el momento de expresar nuestro agradecimiento a la minoría de los diputados que mantuvieron una firme posición ética y patriótica y exigieron el nombramiento de personas verdaderamente dignas de ocupar el cargo. Fueron ellos los que han hecho una verdadera diferencia y cambiado la tendencia que se había venido dando en las últimas elecciones, derrotaron a las fuerzas que propugnaban la elección de personas inadecuadas y por motivos inconfesables. La patria se los agradece.


Los grandes partidos parecen haber perdido, pero no es así. Aunque no lo reconozcan, la existencia de una Corte Suprema de Justicia imparcial e independiente es conveniente a sus intereses a mediano y largo plazo. Quizás hasta pueda comenzar a revertirse el desprestigio que les ha ocasionado su decisión en anteriores elecciones de segundo grado.


La elección de los nuevos magistrados es un motivo de celebración del país. Ha sido, como comenzamos diciendo, un triunfo de la decencia y la racionalidad.

lunes, 1 de mayo de 2006

Que haya cambio en la Asamblea Legislativa

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


El 1.º de mayo toman posesión los diputados electos el pasado 12 de marzo. No nos sentimos con ánimos de recibirlos con una felicitación. Tenemos que iniciar con un llamado a que haya un cambio radical, de actitudes y método de trabajo en la Asamblea Legislativa. Si no hay ese cambio en nuestros dirigentes políticos el país se hundirá a corto plazo.


Escribimos estas líneas antes de la conclusión del término y de la última sesión de la Asamblea Legislativa saliente, por lo que no conocemos aún todas sus actuaciones, pero lo que hemos visto en las últimas dos semanas preocupa. De nada ha servido lo que ha dicho el Centro de Estudios Jurídicos durante años o lo que FUSADES, FUNDE, MIRE y tantas otras instituciones han señalado también sobre la necesidad de consolidar la democracia. Tampoco han importado el patriotismo, la racionalidad, la moralidad o la mera decencia. Los políticos han enviado el mensaje de que están blindados contra las críticas de la sociedad civil y harán lo que sea mejor a sus intereses inmediatos, no importa si parecen sacados de un recetario para incrementar el quebrantamiento institucional.


De los últimos legados de la Asamblea actual, anunciamos que la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República contiene algunos artículos que pretenden dar revestimiento legal a una situación inconstitucional.


En cuanto a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todavía tenemos la esperanza de que, habiendo excelentes personas en la lista de candidatos, sean ellos los electos. Los políticos deberían escuchar los comentarios que se oyen en cualquier reunión de abogados: “Lo que distingue a la mayoría de los candidatos es su falta de probidad y de conocimientos jurídicos”, “Nadie puede dudar que A, B y C quieren ser magistrados solo para enriquecerse”, “X, Y y Z deberían estar en Mariona mejor que una lista de candidatos a la Corte”, “No podemos dudar que la mafia internacional está interesada en la elección”. Pero, ¿por qué creemos que a lo mejor el gobierno y los políticos ignoran estos comentarios?


Por enésima vez se está corriendo, contra todo principio de institucionalidad y racionalidad, para reformar la Constitución en último minuto, con propuestas de una miopía política increíble, como la de extender el período de alcaldes y diputados para hacer coincidir su elección con la del presidente de la República, hasta las de mayor demagogia, como la de prohibir en la ley primaria el matrimonio de homosexuales (¡Menos mal que hay diputados que dan prioridad a cosas como estas, en vez de a frivolidades como la criminalidad, el endeudamiento público insostenible, el desempleo, la pobreza, etc.!).


“País tiene ley para castigar corruptos”, rezaba el ridículo titular con el que un periódico saludaba la aprobación de la nueva Ley de Ética Gubernamental. ¿Acaso alguna vez han faltado leyes para tal fin? Las hemos tenido durante casi quinientos años, lo malo es que casi no han sido aplicadas desde la Independencia. Aparte de que la nueva ley, además, es un confuso adefesio jurídico que merecerá nuestros comentarios en el futuro, apenas si contiene nada que no esté contemplado en leyes vigentes por décadas y que no han servido para nada porque no hay voluntad de aplicarlas. Algunos han opinado que la nueva ley no es nada más que un intento de engañar a los más tontos haciéndoles creer que hay disposición a combatir la corrupción. Esto debe demostrarse con acciones concretas, aplicando las leyes, no creando más.


Una Asamblea controversial ha concluido su período y damos gracias por ello, pero las perspectivas de la nueva no parecen variar. ¿Qué camino está tomando nuestro país? Estamos todavía a tiempo de prevenir nuestro futuro, no tentemos al destino.