lunes, 24 de abril de 2006

Tristes perspectivas para un futuro cercano

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


La elección del nuevo fiscal general de la República ha descorazonado a muchos abogados. Es demasiado evidente que la única cualidad del nombrado que los diputados tomaron en cuenta era la lealtad partidaria de este político, que hoy se declara “independiente”.


Por supuesto que tiene un título legítimo de licenciado en Ciencias Jurídicas, está autorizado para el ejercicio de la abogacía y el doctor Nelson García y compañía le otorgaron en fecha reciente el título de “Abogado del Año” (aunque los que saben lo que hay detrás de este premio se indignan o mueren de la risa). Por otra parte, no ha ejercido la abogacía ni ninguna otra profesión jurídica; hace más de quince años tuvo la experiencia de ser asesor jurídico del Ministerio de Planificación y desde entonces ha ocupado cargos administrativos; nunca ha sido fiscal, no tiene experiencia penal, constitucional o como litigante en ninguna rama. Dejando aparte los defectos personales, intelectuales y como administrador que se le achacan, su carrera como funcionario no revela su formación jurídica; nunca ha dado una explicación pública de las reformas legales que ha promovido estando a cargo de una de las oficinas jurídicas más importantes del Estado, dejando esto a sus múltiples asesores. Sin embargo, ahora es el titular de la oficina encargada de la “defensa de los intereses jurídicos del Estado y de la sociedad”.


La elección hecha es aún más descorazonadora por lo que significa para un futuro próximo, estando pendiente la elección de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Revela que todo cuanto se ha dicho sobre la necesidad de despartidizar los órganos de control y de justicia del Estado, de buscar candidatos que reúnan altas cualidades intelectuales, de capacidad y moralidad, ha caído en oídos sordos. Que de nada han valido los llamados al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país y a la creación de un verdadero estado de derecho. Que todos los llamados a la decencia y la moralidad y a buscar el beneficio de todo el país no han sido atendidos. Lo que prevalece es la defensa de los intereses inmediatos de los partidos políticos; todo con una miopía y falta de visión de futuro, aparte de la falta de amor al país y de respeto al orden legal, que nos parece increíble.


En una época en que la opinión pública sobre el Sistema Judicial nos revela que no se le tiene confianza, que la institución necesita profundas reformas, que tenemos elevados índices de criminalidad, que debemos llevar a los más competentes, conocedores y honestos a la Corte, los antecedentes son sombríos. Hay excelentes candidatos, pero también hay quienes solo aparecen en la lista por razones políticas y quienes tenemos la seguridad que llegarán al tribunal solo a lucrarse personalmente. Es fundado el temor que estos últimos prevalecerán.

Un comentarista que hasta hace pocos años era muy respetado dejó esto en claro en un artículo publicado la semana pasada en el que se burlaba de los llamados, como los nuestros, a que se depusieran los intereses partidarios y se pensara en los de toda la sociedad para la elección de magistrados. Ya que los partidos tienen cierta ideología, manifestó, sería una traición a sí mismos si no eligen a quienes compartan la misma. Se puede responder que no es fácil esperar que un partido elija a un activista político de signo contrario, pero que sí, al menos, debe tomar en cuenta valores más altos como capacidad para desempeñar el cargo, carácter para ser independiente y probidad al hacer una elección, más que los intereses partidarios inmediatos.


No deseamos ver un movimiento populista, como los que plagan los países sudamericanos, ni regresar a una guerra civil, como la que nos desangró por más de diez años. Nuevamente hacemos un llamado a la conciencia y moralidad de nuestros políticos y de quienes los promueven. Serán quienes más sufran si el experimento democrático salvadoreño fracasa.

lunes, 3 de abril de 2006

¡Políticos, dedíquense a la política!

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


Estamos a las puertas del nombramiento de funcionarios por parte de la Asamblea Legislativa que serán los encargados de definir las actividades de justicia en los próximos tres o nueve años y las señales nos indican que no vamos por el camino correcto. Estamos cayendo cada día en el fondo y nos hemos acostumbrado a la oscuridad, tanto que muchos aceptan esta situación como normal o no alcanzan a ver los picos de la realidad que sobresalen.

Hemos visto cómo los nombramientos de funcionarios van expresando la idea de que la fidelidad partidaria o haber sudado la camiseta de un partido político es mucho más valioso que haber demostrado dignidad, decencia y capacidad. El fiscal general, el procurador general y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia representan a los órganos de control que regulan el comportamiento de los demás órganos y colaboran con ellos; pero además son los encargados de que los ciudadanos no tengan que resolver por sí mismos los problemas de seguridad pública o conflictos jurídicos y puedan confiar en que las reglas están ahí y se cumplen honestamente.


Ellos son las cabezas principales de la justicia y sus errores, incapacidad, ineficiencia, corrupción y dependencia partidaria pueden generar quebranto social e incluso económico para toda la nación.

Muchas empresas e instituciones como el Harvard Institute for International Development han realizado trabajos que muestran el desarrollo económico de algunos países con relación al Derecho y las instituciones de justicia.


La seguridad es una forma de atraer capitales y de promocionar sociedades estables para inspirar creatividad, crecimiento, competencia, desarrollo y transformación positiva.


La disminución de los niveles de seguridad jurídica y transparencia acarrea el desmoronamiento social y económico. Se manifiesta en la emigración de grandes núcleos de la población, negocios de corto plazo, especulación, surgimiento de poderes desconectados de la formalidad estatal, pérdida de territorio a manos de poderes fácticos, sustitución de inversiones de capitales blancos por otros sospechosos, decaimiento del espíritu emprendedor y de trabajo, etc.


Muchas personalidades se quejan en silencio sobre la situación de justicia, que no se reduce únicamente a la actuación de los jueces y magistrados sino también de la Policía y la Fiscalía y de los propios ciudadanos; pero no están dispuestos a reconocer los problemas públicamente y menos a actuar para cambiar esa situación. Nos encontramos en un momento en el que es necesario tomar posturas definidas y actuar con valentía y firmeza. Hay que pronunciarse sobre estos hechos y presionar a nuestros partidos políticos e instituciones para que construyamos un sistema de justicia honrado, independiente, creíble y eficaz. Existe ahora la oportunidad de que nuestros políticos cambien el rumbo. ¿No se puede intentar maximizar la democracia, siquiera por un momento, para deponer las desconfianzas mutuas? Un acto de valentía y de suprema dignidad sería renunciar al reparto de cargos entre diferentes partidos. Así se demostraría que podemos tener esperanza y confiar en un futuro.


Fundamental es que el nombramiento de funcionarios se haga bajo criterios de capacidad técnica, independencia y honradez, pues el que la Constitución otorgue la facultad de escoger magistrados a una entidad eminentemente política y no técnica, o sea la Asamblea Legislativa, no quiere decir que debamos tener funcionarios dependientes de la política partidaria. Así como hay comerciantes que eligen contadores para llevar las cuentas de su empresa, cirujanos que buscan arquitectos para construir su casa, empresarios que contratan pilotos para manejar un avión, con base en la lógica de que es mejor depositar las tareas en las personas más adecuadas para producir los mejores productos o servicios, también los políticos podrían comprender que es muy riesgoso poner al frente del avión, de la construcción de la casa o de las cuentas de la empresa a una persona corrupta o incapaz, aunque sea obediente, porque el patrón puede morir en una mala maniobra, en el derrumbe de su casa o caer en bancarrota.