Apuestas del Consejo Económico y Social

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Se está cuestionando el desempeño del Consejo Económico y Social (CES), organizado y diseñado para subsanar la omisión en los Acuerdos de Paz de 1992 de fórmulas para enfrentar los graves problemas sociales y económicos del país. A esa omisión histórica se atribuye la falta de acción decisiva en esos campos, incluso los elevados índices de violencia criminal. Pero el CES no progresa y hemos visto cómo el tema del pacto fiscal no ha logrado abordarse en ese foro.

Hace un año, el 4 de marzo de 2010, el CES, en desplegado de prensa, informó del “Primer gran acuerdo alcanzado en este espacio de diálogo”, consistente en las “Estrategias para el año 2024” y las “Áreas prioritarias del Quinquenio 2010-2014”.

Ese Acuerdo logrado el 1.º de marzo de 2010 fue aceptado por el Gobierno para ser incorporado en el Plan Quinquenal 2010-2014, que así recogería los aportes del CES en lo que representa un consenso social y político, pero su seguimiento ha sido ínfimo y no ha tenido impacto, ni resonancia.

Las áreas del CES para 2010-2014, en las que debería concentrarse la gestión gubernamental, las resumimos así: 1) pobreza y desigualdades sociales; 2) criminalidad y violencia social; 3) reactivación económica, modernización y generación masiva de empleos; 4) un modelo de desarrollo integral, con ampliación de la base empresarial; 5) integración centroamericana; 6) riesgos ambientales; 7) reforma estructural y funcional del Estado; 8) consolidación del régimen democrático y estado de derecho; 9) derechos humanos; 10) reforma estructural y administrativa, (señala el pacto fiscal); y 11) políticas de Estado con participación social.

Dentro de las apuestas estratégicas para 2024 se incluyó los temas de población, educación, equidad, libertades constitucionales, integración territorial, paz social, régimen democrático, transparencia, gobiernos municipales y acción internacional, con planteamientos moderados y plausibles.

Hace un año se logró ese consenso; ahora es necesario profundizarlo en sus alcances, como por ejemplo indicar el tipo de educación que se pretende, las políticas frente a la delincuencia o, cuando se habla del medio ambiente, indicar las prioridades.

Las dificultades del Gobierno, además de la falta de recursos, se atribuyen a la poca disposición de discutir a fondo las medidas trascendentes y a la escasa planificación. Esta última tarea corresponde a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que no ha logrado compenetrar a la población de los objetivos específicos de la proyección estatal, que parecen difusos y opacos; su boletín informativo mensual, en página electrónica, es un esfuerzo valioso pero de escaso radio de difusión.

Tratando de interpretar nuestra realidad, no se aprecian programas significativos en ejecución, en paralelo a las pautas políticas derivadas de los Acuerdos de Paz. Los índices favorables de opinión que mantiene el presidente de la República, según las encuestas, parecen derivar del equilibrio político, ubicándose hacia el centro y desarrollando un habilidoso juego de acercamientos y rechazos, hacia unos y otros; y a mensajes para mantener viva la esperanza de un futuro mejor, amén de la costosa campaña publicitaria. El proyecto de cambio está por verse.

Siguen los problemas acuciantes de la pobreza, el desempleo y subempleo, la incultura, la criminalidad organizada y el narcotráfico, la desintegración humana y familiar, el alza imparable del costo de la vida, la parálisis productiva en el agro, la ausencia de inversiones y la fuga de capitales, la falta de crecimiento de la economía, el endeudamiento y el déficit fiscal.

Por favor, señores del Consejo Económico y Social, actualicen o profundicen sus apuestas. El Gobierno tiene compromisos y responsabilidades con los sectores sociales, con el pueblo virtualmente representado en el CES, que debe honrar. Esperamos resultados tangibles, que se concreticen más allá del papel.

Política de seguridad alimentaria

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Frente a la amenaza de una hambruna, al incremento de la carestía de la vida y en general a la crisis socio-económica que afecta al país, es un deber del Estado ejecutar políticas de emergencia.

El objetivo constitucional es propiciar bienestar a los habitantes de la República; el orden económico debe responder al propósito de asegurarles una existencia digna. Sin embargo, en nuestra sociedad predomina una situación de pobreza y pobreza extrema.

Uno de los aspectos de más alta preocupación es el concerniente a la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Respecto al alza de precios de los productos de la canasta básica, se observa que en octubre pasado el quintal de frijoles llegó a tener un valor de hasta $130.00, mientras que el quintal de maíz alcanzó un precio de $18.00, aumentos que devinieron en tendencias aflictivas. Según datos de la FAO, el índice de precios de los alimentos alcanzó su nivel más alto en la historia mundial en diciembre pasado.

En el país, un 20% de la población menor de 5 años padece de desnutrición y la mitad de estos niños fallece como efecto de ello. Los departamentos más afectados son Morazán, Ahuachapán y Sonsonate, en los que el porcentaje se eleva al 40%.

Como referente nacional cercano, en tiempos del conflicto interno se obtuvo ayuda alimenticia del Programa Mundial de Alimentos y de la USAID, para grandes sectores de la población, estimados en medio millón de personas.

Por Decreto Ejecutivo 63, del 16 de octubre de 2009, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, bajo la coordinación de la Secretaría de Inclusión Social, que realizó un foro enfocado al fortalecimiento de los marcos legislativos, en julio de 2010.

La idea fue promulgar una ley de seguridad alimentaria, que reconozca el derecho a la alimentación de la población, con el objeto de implantar normas a favor de los sectores más vulnerables, pero el tiempo pasa y no prospera. La falta de esa ley no debe retrasar más los programas del Estado para proveer ayuda alimenticia a los núcleos necesitados. La respuesta es el diseño y aplicación inmediata de una política de seguridad alimentaria.

Si bien hay aspectos normativos recomendables, estos podrán dictarse ulteriormente; no debe retrasarse el ámbito de maniobrabilidad de la política estatal, puesto que esta se puede emprender bajo el régimen jurídico vigente.

En circunstancias como la esbozada, el interés general no puede someterse a plazos indefinidos, ni estancarse en la Asamblea Legislativa, donde surgen oportunismos y discusiones estériles, o prevalecen otros temas en su pesada agenda, que no comprende el proyecto de ley para garantizar a la población el derecho a la alimentación, como desarrollo normativo.

Hacemos un llamado al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, a fin de que impulse de manera inmediata la adopción de medidas para afrontar la crisis alimentaria, a partir de las instituciones estatales constituidas.

Instamos también a la Defensoría del Consumidor y a la Superintendencia de Competencia, para que pongan especial cuidado en esta materia; en particular en lo relativo a la especulación de precios y acaparamiento de alimentos, sancionando a los comerciantes infractores.

Se recomienda a la Secretaría de Inclusión Social dar prioridad a este grave asunto y requerir a instancias internacionales la ayuda alimentaria que los convenios contemplan.

La visita del presidente Obama abre la posibilidad de abordar el problema social para lograr el apoyo político a los proyectos de USAID en este campo.

Son relevantes las iniciativas nacionales y el apoyo internacional para incrementar los niveles de desarrollo del país, pero deben concretizarse y orientarse adecuadamente acciones urgentes frente a la situación planteada.

Despoliticemos la Corte de Cuentas

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

En abril próximo se deberá nombrar a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República (C. de C.). Es el momento de despolitizar dicha institución. El problema que motiva este artículo tiene un fondo histórico frecuentemente señalado, cual es que el nombramiento de los magistrados de la C. de C. ha sido objeto de acuerdos políticos con dedicatorias pactadas a favor de algún partido en especial, afectando su autonomía y libre desempeño.

El art. 195 de la Constitución establece que la fiscalización de la hacienda pública y de la ejecución del presupuesto estará cargo de la C. de C., un organismo independiente del Órgano Ejecutivo. Ese artículo le confiere atribuciones de vigilancia, autorización y control administrativo de las finanzas estatales, que debemos fortalecer; y tiene, además, funciones jurisdiccionales, por medio de Cámaras de Primera y de Segunda Instancia.

La Cámara de Segunda Instancia se integra por el presidente de la Corte y dos magistrados, elegidos para un período de tres años, que ahora deberán renovarse por la Asamblea Legislativa. El artículo 131 Cn. ordinal 19º atribuye a la Asamblea Legislativa la potestad de elegir al presidente y magistrados de la C. de C., y por no requerir mayoría calificada basta el voto de 43 diputados.

Los artículos 98 y 99 del Reglamento Interior del Órgano de referencia indican un trámite para la elección, que debe cumplirse. Enfatizamos esto en vista de que en la ocasión anterior hubo dispensa de trámites y no fue público el proceso.

Es necesario que despoliticemos de manera absoluta la C. de C., a fin de que no haya tráfico de influencias que pongan en jaque la autonomía de las decisiones de ese ente en el ejercicio de sus competencias y también en los nombramientos de su personal. Se debe designar a los magistrados sobre la base de criterios de idoneidad, experiencia e independencia partidaria. La Constitución prescribe que deben ser salvadoreños por nacimiento, de honradez y competencia notorias.

La sociedad civil está cansada de decisiones políticamente sesgadas que ocurren en la Asamblea Legislativa. Los señores diputados deben cuidar, en cumplimiento de su juramento, la fidelidad, en el marco constitucional, a los principios fijados para la legitimidad democrática y buen funcionamiento del Estado. Muchas veces hemos instado por el imperio del derecho, para evitar prácticas nocivas. Bajo ningún argumento debe prevalecer el reparto de instituciones como cuotas de poder para los partidos. Señores diputados a la Asamblea, basta ya.

El cambio para el cual el pueblo los eligió como sus representantes se pone de manifiesto en ocasiones como la presente, en la que se debe patentizar la voluntad de impulsar la institucionalidad del Estado. Les estamos pidiendo que estos nombramientos sean transparentes, que los candidatos sean examinados y calificados sobre la base de su probidad, reconocido prestigio y conocimientos especializados, lo que no obsta a que dejemos a salvo la honorabilidad de actuales magistrados.

Pugnamos por funcionarios que tengan el valor y pleno poder real para llevar adelante la fiscalización del manejo de los fondos públicos, en forma acuciosa, responsable, libre y eficiente.

Así como han logrado aprobar la ley de transparencia, denominada Ley de Acceso a la Información Pública, con mecanismos para hacer efectivos derechos de fiscalización ciudadana, aseguremos la función de contraloría estatal en forma impecable. Rescatemos esta institución, que es de rango primario, en sus facultades expresas para la supervisión financiera y la honestidad administrativa, que deben aplicarse sin excusas.

No es posible que la C. de C. se instrumentalice por intereses políticos para “pasar facturas” a funcionarios dignos, o por el contrario para ocultar casos de corrupción o infracción de ley, favoreciendo la impunidad.

El alza del subsidio al transporte público

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La Constitución, en su artículo 110, prescribe que el Estado aprobará las tarifas de los servicios públicos prestados por empresas privadas, e incluso podrá tomar a su cargo los mismos cuando los intereses sociales lo exijan.

El mandato constitucional, art. 231, es expreso: “No pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y para el servicio público”.

En diciembre de 2007 entró en vigor la “Ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros”, con el fin de mantener los precios que los usuarios pagan por ese servicio. Para mitigar a los transportistas del peso del alza del combustible, el art. 7 de la referida ley establece un subsidio mensual de $250.00 para microbuses y de $500.00 para autobuses con permiso de línea autorizado.

Ese subsidio se financia básicamente con una contribución especial de los consumidores, que se abrevia COTRANS, que se paga al cancelar el precio de la gasolina o el diésel, igual que el FOVIAL.

Debido al incremento del diésel en los últimos meses, los transportistas han exigido al Gobierno de diversas maneras que autorice un aumento a los pasajes o que se eleve el subsidio. En estas circunstancias, el Gobierno ha propuesto adicionar el subsidio en $250.00 a los autobuses y en $100.00 para microbuses; no obstante, algunas gremiales afirman que ese aumento no es suficiente. Debe mantenerse la vía del diálogo y aplicarse la ley a los que adopten medidas de hecho e incumplan procedimientos legales.

El subsidio debe reestructurarse jurídicamente y adoptar criterios diferenciadores y focalizados; al efecto, considerar los elementos característicos del servicio y sus modalidades; para el caso, al otorgar el subsidio la extensión del recorrido departamental o municipal; los niveles de rentabilidad y la situación socio-económica de los usuarios en municipios considerados de extrema pobreza.

El Gobierno ha expresado que el aumento del subsidio estará sujeto a varias condiciones, lo que es oportuno, y necesario. Se recomienda una visión integral y considerar los aspectos siguientes: 1- profesionalización y mejoramiento de las condiciones laborales de los motoristas; 2- modernización del servicio; 3- previo a los desembolsos, verificar solvencias en el pago de multas; 4- el establecimiento de un seguro obligatorio.

El subsidio es una situación temporal que no solventa el problema del transporte, que es complejo y de gran magnitud incluso, en algún momento, puede constituir un desincentivo a la competencia empresarial, al mejoramiento de la calidad del servicio y posibilita abusos de fondos públicos por algunos transportistas, con lucros indebidos.

El problema no se puede resolver en un corto período y debe enfrentarse desde ya, incluso a nivel local. Los gobiernos locales deberían asumir un papel definido y preponderante, pues con el ordenamiento del transporte podrían establecerse focos de desarrollo económico-social.

Ciertamente existe un incremento en los precios de los combustibles, pero no puede obviarse la difícil situación económica de la mayoría de la población y tampoco la carga que representa el subsidio para el país, en crisis financiera.

En ese orden de ideas, el CEJ se pronuncia por la focalización del subsidio, a corto plazo y hace un llamado a las autoridades estatales para que formulen una solución efectiva e integral al problema del transporte colectivo; y a los transportistas, para que cumplan el mandato constitucional de respetar la normativa vigente y recordarles que el interés general prevalece sobre el privado. A la población en general, a ser consciente que tanto el Estado como los transportistas necesitan propiciar o generar márgenes de rentabilidad para sostener el servicio colectivo, en solidaridad con los sectores más vulnerables, a quienes están destinadas estas medidas.